El PP lleva ante el juez «documentación que acredita» que Oltra «no informó al fiscal» de los abusos

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha decidido poner a disposición judicial la documentación que le ha sido entregados por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la también vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra después de que el PP la solicitase en las Cortes Valencianas y que a juicio de los populares acredita que Oltra «no cumplió los protocolos para proteger a la menor» abusada por su ex marido. Así, lo ha manifestado hoy la síndica portavoz del Grupo Popular María José Catalá.

Lo que según el PP contiene esa documentación es información relevante para el denominado ‘caso Oltra’. Un asunto que investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Mónica Oltra supuestamente ‘taparon’ las denuncias de la menor sobre los abusos a los que le sometió el ex de la vicepresidenta valenciana.

El origen de la documentación es una respuesta parlamentaria en la que, según el PP, la Consejería de Oltra afirma que existían 2 instrucciones: una de 2004 y otra de 2013, en las que se establecía el protocolo de actuación si se tenía conocimiento  de un caso de supuestos abusos a una menor, lo que según ha explicado Maria José Catalá supone que la Consejería citada «sí tenía» una instrucción que la obligaba a comunicar a la Fiscalía de Menores «el conocimiento de un supuesto caso de abusos a una menor». María José Catalá ha sostenido que «hoy, podemos constatar» que Oltra «mintió», porque «existían 2 instrucciones, además de la Ley del Menor que «obligaban a comunicar» cualquier supuesto abuso.

También, ha valorado que en el caso de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta valenciana «se sucedió, por parte de la Consejería, una cadena de irresponsabilidades. En varias ocasiones -ha continuado Catalá- Oltra dijo en sede parlamentaria que cuando ella llegó a la Consejería sólo existía un correo electrónico remitido a los centros de menores que aconsejaba que una denuncia de estas características se remitiera a la Fiscalía de Menores».

Por contra, María José Catalá entiende ahora que, con la nueva documentación, queda claro que «sí existían 2 instrucciones» y que esas instrucciones «obligaban» a comunicar a Fiscalía los abusos a que fue sometida la menor «lo que no se produjo». «Se trata -ha dicho- de una información muy relevante que tiene que conocer el juzgado» y ha sostenido, también, que se trata de un pilar fundamental para argumentar «cómo se resolvió el proceso en el momento en que la Consejería y Oltra fueron conocedoras» de los hechos «en los que se hizo una investigación paralela y no se comunicó a Fiscalía», ha dicho, lo que para la síndica popular «deja clara la responsabilidad y mala praxis en este caso».